Inundación en Poza Rica frena reclamos de expolicías; denuncian pérdida de expedientes

Juan David Castilla/Xalapa. Exelementos de la extinta Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla denunciaron en la capital del estado que la inundación ocurrida el pasado 10 de octubre en el norte de Veracruz destruyó la evidencia documental de sus adeudos salariales.

Según los manifestantes congregados en el parque Benito Juárez, la pérdida de estos archivos representa un obstáculo crítico que mantiene estancado un proceso legal que han sostenido por más de una década.

Ader Óscar Juárez Téllez, representante del grupo, explicó que el respaldo documental constaba de 18 tomos integrados en una carpeta de investigación que se encontraba bajo el resguardo de la Fiscalía en Poza Rica.

Tras las lluvias atípicas de octubre, el archivo quedó inutilizado, dejando a cerca de 15 extrabajadores sin la base probatoria para exigir sus pagos pendientes derivados de la extinción de la corporación en el año 2015.

El representante lamentó que, sin este expediente, las instancias legales no han mostrado avances significativos para resolver su situación.

Los inconformes señalaron que, aunque la administración estatal afirmó haber cerrado el caso con una erogación cercana a los cuatro millones de pesos, la realidad para muchos de ellos ha sido distinta.

Denunciaron que el reparto de recursos careció de criterios claros y transparencia, pues mientras algunos afectados recibieron montos que oscilaban entre los 19 mil y los 40 mil pesos, otros nunca obtuvieron el recurso que por derecho les correspondía. Esta falta de uniformidad es uno de los puntos centrales que buscaban sustentar con la documentación ahora perdida.

Ante el vacío documental, los afectados enfrentan la exigencia de las autoridades de comprobar nuevamente su situación laboral y jurídica, un trámite que muchos realizaron hace años y que ahora resulta casi imposible de replicar sin los archivos originales.

Esta situación ha generado una profunda incertidumbre, ya que consideran que pedirles iniciar el proceso desde cero es una táctica que solo alarga la resolución definitiva del conflicto.

Como última alternativa para destrabar los pagos, el grupo de expolicías busca confirmar si los cheques emitidos en su momento cuentan con un registro digital dentro de los sistemas de la Unidad Administrativa.

Confían en que, si existe una huella electrónica de dichos movimientos financieros, el Estado pueda reconocer la deuda vigente. De lo contrario, advirtieron que el caso podría quedar estancado de manera indefinida, afectando el patrimonio de familias que han esperado justicia laboral por más de diez años.