Denuncian en CIDH omisiones de instituciones mexicanas en investigación del asesinato del periodista Moisés Sánchez

Juan David Castilla

Después de la instalación de un antimonumento en la Ciudad de México, Jorge Sánchez, hijo del periodista y activista Moisés Sánchez Cerezo, asesinado en 2015 en Veracruz, hizo un pronunciamiento donde acusó al Estado Mexicano de apostar de manera sistemática al olvido en los casos de comunicadores asesinados y desaparecidos.

Jorge Sánchez, quien también se desempeña como presidente de la Red Nacional en Memoria y Lucha de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, afirmó que las instituciones nacionales han demostrado una incapacidad para resolver estos crímenes.

Confirmó que el caso de su padre ya fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que numerosas familias contemplan recurrir a tribunales internacionales o a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«Hemos llegado a la deducción de que en México no va a haber justicia. Aquí en el país no hay manera de que se llegue a una sentencia firme porque las investigaciones están mal elaboradas, hay evidencia que se perdió y se hacen malas diligencias», aseveró.

El activista recordó el calvario que inició el 2 de enero de 2015, cuando un comando secuestró a su padre, fundador de Medios Informativos La Unión / La Voz de Medellín, en el municipio de Medellín de Bravo, cerca del puerto de Veracruz. Su cuerpo fue hallado sin vida 22 días después.

A más de una década del crimen, Jorge Sánchez denunció que el presunto autor intelectual, el entonces alcalde de dicha localidad, continúa prófugo.

Asimismo, hizo hincapié en que la falta de voluntad política ha sido notoria sin importar los colores partidistas. Explicó que en el estado de Veracruz han gobernado administraciones de distintas fuerzas políticas (en alusión al PRI, PAN y Morena) sin que ninguna haya mostrado un interés real por esclarecer los hechos.

También enlistó otros casos polémicos que permanecen archivados o sin sentencias condenatorias firmes, como los de Rubén Espinosa, Juan Mendoza, Gregorio Jiménez, Pedro Tamayo, María Elena Ferral, Jacinto Romero y Víctor Báez, cuyos expedientes, en su mayoría, ya acumulan más de diez años en la impunidad.

Con el memorial recién instalado, las familias de las víctimas buscan mantener viva la exigencia de justicia y dejar un testimonio físico de la deuda histórica que el Estado mantiene con la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en México.