Gobernadora propone Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero de 199 Ayuntamientos

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Los 199 ayuntamientos de Veracruz que forman parte del Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero no solo recibirán apoyo del Gobierno del Estado para liquidar de manera anticipada la deuda bursátil -que arrastran desde hace casi dos décadas-, sino que también deberán permitir que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) supervise el destino de los recursos que se ahorren una vez canceladas esas obligaciones.

La iniciativa de decreto enviada al Congreso local por la gobernadora Rocío Nahle plantea que el Estado absorba el 75 por ciento del saldo insoluto de capital de la deuda bursátil municipal, mientras que los ayuntamientos cubrirían el 25 por ciento restante mediante un esquema de recuperación gradual ligado a participaciones federales.

En la propuesta no se establece cuál sería el mecanismo para el pago del pasivo, no obstante, diputados locales explicaron que será de “economías” de la Tesorería estatal y de recursos de libre disposición.

Actualmente los municipios mantienen obligaciones derivadas de la bursatilización realizada en 2008. De acuerdo con la exposición de motivos, el saldo de capital pendiente asciende a aproximadamente mil 607 millones de pesos, pero el costo financiero proyectado hasta el vencimiento del esquema en 2036 superaría los 4 mil 839 millones de pesos debido al pago de intereses y actualizaciones.

La propuesta establece que el Gobierno del Estado realizará las erogaciones necesarias para liquidar anticipadamente la totalidad de la deuda bursátil municipal y la prima por amortización anticipada. Para ello utilizará recursos estatales disponibles conforme a criterios de sostenibilidad financiera y disciplina hacendaria.

Según el proyecto, Veracruz asumiría una aportación equivalente a mil 205 millones de pesos, mientras que los municipios cubrirían alrededor de 401 millones de pesos, cantidad que sería recuperada por el Estado de manera periódica mediante mecanismos vinculados a participaciones federales.

Sin embargo, el respaldo financiero tendrá condiciones. Uno de los requisitos más relevantes es que los municipios deberán transparentar y etiquetar los recursos que se liberen con la cancelación de la deuda.

El decreto establece que los ayuntamientos estarán obligados a identificar, registrar, presupuestar y destinar exclusivamente a obra pública e inversión productiva los ahorros obtenidos por la liquidación anticipada de las obligaciones bursátiles.

Además, deberán informar periódicamente a Sefiplan sobre las obras y proyectos financiados con esos recursos y entregar evidencia documental, fotográfica y financiera que permita verificar la correcta aplicación del dinero.

La iniciativa incluso otorga facultades de supervisión directa a la dependencia estatal. «Permitir, atender y colaborar con las acciones de seguimiento, supervisión, verificación y control que lleve a cabo la Secretaría de Finanzas y Planeación respecto de la aplicación de los recursos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Programa y el destino de los ahorros generados», señala el Artículo Cuarto de la propuesta.

En otro apartado se establece que el Gobierno estatal podrá implementar mecanismos específicos para garantizar que los recursos efectivamente se utilicen en beneficio de la población.

La iniciativa señala que Sefiplan podrá «establecer la periodicidad, formatos, mecanismos de reporte y criterios de validación aplicables, y podrá requerir información adicional, realizar verificaciones y llevar a cabo las acciones de seguimiento que resulten necesarias para comprobar el adecuado destino de los recursos».

Incluso se prevén sanciones indirectas para los municipios que incumplan. El proyecto advierte que, si un ayuntamiento no acredita correctamente el uso de los recursos o los destina a fines distintos a los autorizados, la Secretaría podrá suspender temporalmente los beneficios derivados del programa hasta que se subsanen las observaciones.

La propuesta también obliga a los municipios a mantener disciplina financiera durante todo el periodo de recuperación de recursos. Para acceder a los beneficios del programa, deberán conservar mecanismos de control presupuestal y evitar la contratación de nuevos compromisos que comprometan su estabilidad financiera.

El Gobierno del Estado argumenta que la medida permitirá reducir significativamente la carga financiera que enfrentan los municipios, liberar recursos para infraestructura y servicios públicos, y eliminar los riesgos asociados a un esquema bursátil que originalmente fue contratado en 2008 y que permanecería vigente hasta 2036.

De aprobarse el decreto, los ayuntamientos deberán firmar convenios con el Ejecutivo estatal, suscribir los instrumentos jurídicos correspondientes y aceptar las reglas de operación que emita Sefiplan para incorporarse al programa.

Así, además de poner recursos para liquidar la deuda, el Gobierno estatal asumirá un papel de vigilancia sobre el uso de los ahorros generados, con el argumento de garantizar que el dinero liberado termine en obras públicas y no en gasto corriente de los municipios.

El congreso sesionará el próximo lunes 15 de junio cuando se prevé que se aprobará el dictamen; también se prevé que antes de la sesión ordinaria el titular de Sefiplan, Miguel Reyes acuda al Congreso de Veracruz a explicar a los diputados cómo se pagaría la deuda.