Extrabajadores de Alto Lucero llevan 15 años en lucha por reinstalación; acusan omisión del Congreso

Xalapa, Ver.- Tras más de 15 años de litigio, extrabajadores del Ayuntamiento de Alto Lucero denunciaron que ninguna autoridad ha garantizado el cumplimiento de los laudos laborales a su favor, mientras administraciones municipales han postergado el pago y la reinstalación, en un conflicto que incluso ha cobrado la vida de varios de los afectados.

El grupo, integrado por más de 50 exempleados municipales, mantiene una protesta para exigir justicia, luego de haber sido despedidos en 2010 y de iniciar un proceso legal en 2011 que, pese a resoluciones firmes, sigue sin ejecutarse.

“Tenemos una demanda laboral desde el año dos mil once, tenemos ya quince años, y, pues, este, estamos pidiendo justicia”, expresó Héctor Abel West Contreras, uno de los afectados, quien explicó que el juicio laboral se prolongó durante años hasta obtener un laudo favorable.

De acuerdo con su testimonio, el proceso inicial tardó cerca de ocho años, hasta que en 2019 obtuvieron una resolución, la cual posteriormente fue confirmada en firme en 2021 por instancias federales. Sin embargo, a pesar de contar con un fallo definitivo, el Ayuntamiento no ha cumplido con la reinstalación ni con el pago de salarios caídos.

“Nosotros trabajábamos en el ayuntamiento de Alto Lucero y fuimos despedidos injustamente en el dos mil diez… ya nos dieron un laudo en firme en el año dos mil veintiuno y, pues, seguimos todavía ahí”, relató.

Los extrabajadores acusan que el problema se ha prolongado debido a la falta de voluntad política de las autoridades municipales, quienes han heredado el adeudo de una administración a otra sin resolver el conflicto.

“Los alcaldes anteriores se han desentendido de esta situación, se la van pasando uno al otro, y nosotros seguimos en las mismas”, señalaron.

El monto del adeudo ha crecido con el paso del tiempo. Según los afectados, en una administración anterior se estimaba en alrededor de 36 millones de pesos, mientras que actualmente superaría los 80 millones.

Además del impacto económico, el paso del tiempo ha tenido consecuencias graves para los trabajadores. Al menos seis de ellos han fallecido sin recibir el pago que legalmente les corresponde.

“Tenemos ya también varios compañeros fallecidos… personas que ya están enfermas y necesitamos que esto se resuelva”, lamentó West Contreras.

El abogado del grupo, José Juan Bernal Melgarete, explicó que una de las principales limitantes para ejecutar los laudos es el marco legal estatal, que restringe medidas de presión efectivas contra los ayuntamientos.

“La ley estatal del servicio civil es muy tibia en cuanto a ejercer medidas de presión para obligar a las entidades públicas a pagar los laudos”, señaló.

Detalló que, aunque existe la posibilidad de embargar bienes, en la práctica los ayuntamientos destinan recursos mínimos para cubrir adeudos millonarios, lo que vuelve inviable el cumplimiento.

“El ayuntamiento destina dos millones y medio para pagar laudos por más de cien millones de pesos. Lógicamente, no es suficiente”, expuso.

Ante esta situación, los extrabajadores han solicitado la intervención del Congreso del Estado y de otras instancias, sin obtener resultados.

“En el Congreso hemos presentado escritos solicitando su intervención y simplemente, bueno, como el anterior alcalde ahora es diputado, pues ya sabe, esa situación lo ponen en la congeladora”, acusó el abogado, en referencia al actual legislador local Luis Vicente Aguilar.

También han acudido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde presentaron quejas desde hace dos años, sin que hasta el momento exista una resolución.

Mientras tanto, el conflicto sigue escalando en el tiempo, con trabajadores que envejecen, enferman o fallecen sin ver cumplida la resolución judicial que ganaron.

“Lo único que se exige es justicia, celeridad en este asunto, porque hay varios compañeros que a través de estos quince años han fallecido… y ya no tuvieron la oportunidad de disfrutar algo que ganaron legalmente”, concluyó la defensa legal.