Veracruz, el estado más violento para la prensa
julio 8, 2026
El homicidio de Roxana Guzmán sacude al sur.
Juan David Castilla/Xalapa.Veracruz se consolida como la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo en México. El panorama se tornó aún más sombrío tras confirmarse el asesinato de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio Pulso Informativo del Sureste, quien había sido secuestrada de manera violenta a principios de junio y cuyos restos fueron localizados casi un mes después en la región sur del estado.
De acuerdo con datos de la organización internacional Article 19, en los últimos 26 años se ha documentado el asesinato de 178 periodistas en el país por motivos vinculados a su labor informativa.
De esa cifra global, Veracruz acumula la alarmante cantidad de 34 homicidios. La crisis actual es tal que, de las cuatro muertes de comunicadores registradas a nivel nacional en lo que va de este año, tres ocurrieron en territorio veracruzano.
El rastro de violencia contra la prensa en el estado durante este periodo incluye el homicidio de Ramírez Castro, director del portal Código Norte Veracruz, ejecutado a balazos en Poza Rica; el asesinato de Luis Ángel López Valdés, reportero del diario Vanguardia, ocurrido también en el municipio de Poza Rica; y el caso de Roxana Guzmán, privada de la libertad en Nanchital y localizada sin vida en un rancho del municipio de Moloacán.
A esta lista nacional se suma el caso de Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como «Alex Serna», quien desapareció en Zihuatanejo, Guerrero, y cuyo cuerpo fue plenamente identificado a principios de este mes.
La privación de la libertad de la directora de Pulso Informativo del Sureste fue perpetrada por sujetos encapuchados que irrumpieron en su propio hogar.
El violento episodio quedó registrado en un video grabado por uno de los hijos de la periodista, material que se difundió de forma inmediata en plataformas digitales.
A pesar de la indignación social y de que las imágenes se volvieron virales, la respuesta de las autoridades estatales y de procuración de justicia se limitó a la emisión de una condena pública y al anuncio protocolario de la apertura de una carpeta de investigación, sin que se lograra rescatarla con vida.
