58 feminicidios de niñas y adolescentes en 2025 y 11.000 desapariciones, REDIM

En un acto simbólico en Palacio Nacional, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en el Marco del festejo del Día de Reyes, 6 de enero, entregó su Balance 2025, donde destaca que ese año ocurrieron casi 2.000 homicidios de niñas, niños y adolescentes, 565 fueron asesinatos con arma de fuego y más de 11.000 desapariciones, pese a que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó reducción de homicidios dolosos en diciembre, en un 37 por ciento.

Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de REDIM, destacó el impacto diferenciado de la violencia feminicida: 58 casos en 2025 (uno cada cinco días y medio). En la última década (2015-noviembre 2025) acumulan 884 feminicidios, con concentración en Estado de México, Veracruz y Jalisco.

Además, destaca la reducción de presupuesto para 2026, ya que pasó de 11 por ciento del total de Presupuesto de Egresos de la Federación, a 10.8 por ciento. (Una cifra 0.2 puntos porcentuales menor). Precisó que el presupuesto de 1.1 billones de pesos destinado a niños, niñas y adolescentes en 2026 es “significativamente menor al observado en 2015”, en términos relativos al porcentaje del total de recursos federales para este rubro, lo que implica una disminución progresiva que “evidencia una pérdida de prioridad fiscal para la garantía de sus derechos”.

La población de niñas, niños y adolescentes (NNA) varía según la fuente y el año. Cifras del INEGI (Censo 2020) indican más de 38.2 millones de NNA menores de 18 años, lo que representa alrededor del 30 por ciento de la población total. La cuesta de la ENASIC 2022 ubica a NNA en 36.3 millones (0-17 años).

A pesar de que el presupuesto para 2026 es cinco por ciento mayor en términos reales al que se tuvo en 2024, “resulta insuficiente para revertir las brechas persistentes en el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente en un contexto marcado por múltiples crisis sociales, económicas y de seguridad”.

La Red hace un llamado al Estado mexicano a fortalecer el sistema de protección y garantizar que la niñez sea una prioridad real, no solo un discurso. Los derechos de la niñez y adolescencias no pueden esperar. Urge fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral (SIPINNA) y priorizar la niñez en la agenda gubernamental.

El informe documenta una situación de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Entre enero y noviembre de 2025, se registraron 1.991 homicidios, una reducción del 11,5 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

Otros datos alarmantes incluyen 565 muertes por arma de fuego y 10.684 reportes de desapariciones, de las cuales 2.850 permanecen sin localizar; 278 víctimas de trata, reclutamiento forzado y 56 secuestros, lo que afecta desproporcionadamente a infancias indígenas, migrantes y mujeres en pobreza. (aumento de 30% respecto a 2024).

En materia de desapariciones, esta cifra representa un aumento del 30 por ciento respecto a 2024 y se inscribe en una crisis que ya motivó la activación del procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte del Comité de la ONU, recordó Ramírez Hernández.

El documento fue recibido por Adriana Contreras, directora de Atención Ciudadana, quien aseguró que se hará llegar a la Presidenta y destacó la sensibilidad del gobierno hacia la infancia. El acto simbólico contó con la participación de niños, adolescentes del grupo “Juntas y juntos por nuestros derechos” y las “Reinas Magas”.

REDIM, coalición de más de 80 organizaciones, reitera que la agenda de niñez es central para el futuro de México y llama a un diálogo directo y acciones concretas en 2026.

Destaca del Informe que la población indígena en pobreza aumentó entre 2022 y 2024, de 82.3 a 84.8 por ciento, a diferencia de la población de la misma edad no indígena, cuyo porcentaje disminuyó ocho por ciento. Esto es un duro recordatorio de que niñas, niños y adolescentes indígenas se encuentran en una profunda desigualdad, lo que afecta su alimentación, educación, salud, vivienda y protección social, sin que estas problemáticas “sean atendidas de manera efectiva”.