mayo 8, 2025
Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Durante el primer conversatorio sobre la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, organizado por el Senado, especialistas, exfuncionarios y representantes del sector expresaron profundas preocupaciones por los efectos de la reforma propuesta, y señalaron riesgos como la pérdida de autonomía regulatoria, la posible censura digital y la vulnerabilidad ante el crimen organizado.
Adriana Labardini, ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), advirtió que la iniciativa presidencial carece de mecanismos para impedir que personas vinculadas con el crimen organizado accedan a concesiones.
“Tuvimos serios problemas, porque no tenemos las herramientas legales de impedir que solicitantes de concesiones vinculados a grupos económicos, vinculados al crimen organizado, sean concesionarios o autorizados. ¿Lo va a tener la agencia?
“Una dependencia no tiene reserva de ley, no puede reglamentar, no puede… ¿Cómo vamos a impedir que lleguen las concesiones a personas vinculadas al crimen organizado o para lavar dinero? Es un tema delicado”, advirtió.
Criticó además la desaparición de la autonomía regulatoria y cuestionó la capacidad legal de la nueva agencia para salvaguardar el interés público.
Desde la industria, José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), denunció una sobreregulación histórica hacia radio y televisión, altos costos del espectro y la falta de estudios técnicos para el otorgamiento de concesiones.
Pidió equidad en el acceso al espectro y mayor transparencia en la actuación de la futura agencia reguladora.
“En este proyecto que se envía al Senado consideramos que la agencia (de Transformación Digital y Telecomunicaciones) se le otorgan facultades prácticamente ilimitadas y sí creemos que debería de haber mecanismos de supervisión autónomos para evitar decisiones discrecionales.
“Estamos hablando de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, de la libertad de información que se pone en manos de concesionarios independientes y privados, y que necesitamos una garantía también como un consejo consultivo, consultas públicas, garantía de audiencia, recursos internos, porque como verán también en esta iniciativa se prevé en revocación de concesiones”, señaló.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), advirtió que la reforma representa un retroceso normativo y una amenaza al ecosistema digital.
Criticó la concentración de poder en la nueva Agencia de Transformación Digital, el posible bloqueo de plataformas digitales sin orden judicial y la creación de un registro de usuarios con riesgos para la privacidad.
“El mayor riesgo que enfrenta el ecosistema digital es la concentración de poder en la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta entidad dependiente del Ejecutivo reúne funciones regulatorias, técnicas y de política pública en una sola persona, sin independencia, sin deliberación colegiada y sin contrapesos. No podemos permitir que un solo ente, sin garantías técnicas verificables ni autonomía, decida sobre el futuro de nuestras telecomunicaciones y derechos digitales”, acusó.
La académica Denise Dresser, criticó la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la concentración de sus funciones en una nueva entidad bajo el control del Ejecutivo, específicamente la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT), dirigida por José Merino.
“Lo más alarmante es el tamaño de la discrecionalidad que le otorga a la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, la amplitud de las atribuciones que se asigna el Poder Ejecutivo.
(…) Ahora estarán en manos de un ideólogo morenista, impreparado para la complejidad de las tareas que ha agarrado para sí mismo. Agandallar llevará al gobierno a fracasar en lo técnico y a exhibirse como Big Brother en lo político.
(…) Fracasar, porque simplemente no hay manera de que José Merino y la ATDT tengan la capacidad técnica y profesional para llevar a cabo la titánica tarea de regular al sector crucial de las telecomunicaciones. Por más inteligentes que sean y se crean, no lograrán sustituir a un órgano colegiado con más de 1,500 trabajadores que apenas se daba abasto”, advirtió
Por su parte, Javier Juárez Mojica, presidente del IFT, defendió los logros del instituto en la última década.
Destacó la disminución de tarifas y la reducción del poder del agente económico preponderante gracias a la regulación asimétrica.
Llamó a construir el nuevo marco legal con visión de Estado y reconoció la importancia del talento humano especializado dentro del IFT.
Por su parte, Gabriel Contreras Saldívar, expresidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), advirtió que la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su versión actual, podría violar los compromisos asumidos por México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Durante su intervención en un foro especializado, Contreras Saldívar señaló que el proyecto vulnera disposiciones del acuerdo comercial, especialmente en lo relacionado con la protección a inversiones extranjeras. “Hay claras violaciones al T-MEC, concretamente en el artículo 22, que impide al Estado dar trato preferencial a empresas de su propiedad que compiten en el mercado”, afirmó.
El especialista explicó que el capítulo 18 del tratado, dedicado al sector de telecomunicaciones, contiene lineamientos específicos que se verían afectados por la nueva ley. Destacó, por ejemplo, el artículo 18.17, que regula la asignación de espectro mediante procesos competitivos, y el 18.18, que prohíbe el trato preferente basado en la propiedad estatal de las empresas.
Contreras subrayó que el sector de telecomunicaciones en México ha sido históricamente complejo y requiere regulaciones claras y equilibradas que garanticen la competencia leal y el cumplimiento de tratados internacionales.
Los participantes coincidieron en que la propuesta de ley, lejos de garantizar derechos digitales y fortalecer la infraestructura de conectividad, abre la puerta a controles discrecionales, censura y regresiones institucionales.
La AMEDI presentó un documento con 12 propuestas puntuales de mejora, centradas en garantizar la autonomía regulatoria, la pluralidad y la equidad en el acceso a las telecomunicaciones.