Caso de niña tsotsil reaviva alarma por matrimonios infantiles

El caso de una menor tsotsil de 13 años que dio a luz a un bebé en esta ciudad encendió las alertas de organizaciones de la sociedad civil sobre la persistencia del matrimonio infantil y la falta de protección efectiva de los derechos de la niñez en Chiapas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tanto la adolescente como el recién nacido se encuentran estables y fuera de peligro, luego de haber presentado complicaciones derivadas de un contagio de sarampión, situación que motivó su traslado del Hospital de la Mujer al Hospital de las Culturas.

De manera preliminar, la FGE dio a conocer que la madre, de 13 años, y el padre del bebé, de 17 años, cohabitan con el consentimiento de las familias de ambos, conforme a los usos y costumbres de su comunidad.

No obstante, precisó que la Fiscalía de Justicia Indígena continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades conforme a la ley.

La menor, originaria del municipio de San Juan Chamula, presentó además daños y lesiones en órganos y tejidos debido a la inmadurez física de su cuerpo, de acuerdo con personal médico. Según versiones recabadas en el hospital, el adolescente fue quien la trasladó al nosocomio tras las complicaciones del parto.

En un pronunciamiento público, la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la Colectiva Feminista 50 más 1 manifestó su profunda preocupación e indignación ante la información difundida en medios de comunicación y redes sociales, al considerar que este caso no es un hecho aislado, sino parte de una problemática estructural que persiste en comunidades indígenas del estado.

La organización recordó que, en junio de 2024, luego de que se diera a conocer que Chiapas ocupaba el primer lugar nacional en embarazos adolescentes, el Congreso del Estado dio un paso histórico al aprobar reformas legales para prohibir y sancionar el matrimonio infantil. Sin embargo, advirtió que la realidad demuestra que la ley no se está aplicando de manera efectiva.

“Estas uniones continúan ocurriendo sin que autoridad alguna intervenga para prevenirlas, investigarlas o sancionarlas”, señaló la Comisión, al tiempo que subrayó la ausencia de acciones contundentes por parte de las instancias responsables.

Personal médico de hospitales de San Cristóbal de las Casas confirmó que los casos de niñas embarazadas son frecuentes. “Aquí es pan de todos los días”, expresaron, al señalar que atienden de manera constante partos de menores de edad y emergencias obstétricas derivadas de embarazos mal atendidos en comunidades indígenas.

Un ejemplo reciente es el caso de Maura, otra menor tsotsil que fue llevada de urgencia al hospital, luego de que no pudiera dar a luz en su domicilio con ayuda de una partera tradicional. La pelvis de la niña no permitió el paso del bebé y fue trasladada cuando ya presentaba al feto parcialmente expuesto, por lo que el personal médico tuvo que practicarle una cesárea de emergencia.

Para la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la Colectiva 50 más 1, estos hechos evidencian graves violaciones a los derechos humanos de niñas y adolescentes, particularmente en contextos de pueblos originarios, donde persisten prácticas como el matrimonio y las uniones infantiles forzadas, pese a estar prohibidas por la ley.

La organización calificó como “especialmente alarmante” que no exista una política pública integral, clara y sostenida por parte de las autoridades competentes, en particular de la Secretaría de la Mujer, orientada a prevenir, erradicar y atender los matrimonios infantiles, así como a garantizar la protección efectiva de niñas y adolescentes en situación de riesgo.

“La maternidad forzada en niñas es consecuencia directa de la omisión del Estado, de la normalización de prácticas que constituyen violencia sexual y de la falta de acciones interinstitucionales con enfoque intercultural, de género y de derechos de la niñez”, advirtió la colectiva.

“Las niñas no son esposas ni madres por elección. Son sujetas de derechos y el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizarlos. El silencio institucional y la omisión también son formas de violencia”, subrayó.

Ante ello, la Colectiva Feminista 50 más 1 exigió investigar de manera inmediata el caso, garantizar la protección integral de la menor, el acceso a la justicia y la no revictimización, así como la aplicación efectiva de la legislación que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones forzadas, sin excepciones culturales que vulneren los derechos humanos.

Denuncia desde la sociedad civil
Ninguna niña puede consentir relaciones sexuales ni ser obligada a una maternidad, todo embarazo en niñas debe ser atendido como un indicador de violencia sexual, conforme a la legislación nacional y a los estándares internacionales de derechos humanos.

Así lo señalan la Red por la Justicia Reproductiva en Chiapas, la Red Estatal Aborta Libre Chiapas y organizaciones de la sociedad civil al expresar su preocupación y denuncian la persistencia de la violencia sexual contra menores de edad, el embarazo infantil, las uniones forzadas y las omisiones institucionales que continúan ocurriendo en el estado de Chiapas.

El pronunciamiento, “Niñas, no madres” no es solo una consigna, es una exigencia basada en derechos humanos. Todo embarazo en personas menores de edad debe ser reconocido como un indicador de violencia sexual y atendido como tal.

Exigen que las autoridades realicen investigaciones diligentes y con enfoque de derechos de la niñez, que permitan identificar y sancionar a las personas responsables de la violencia sexual, reconociendo oficialmente este caso como un delito y no como un hecho aislado o normalizado.

El esclarecimiento público de la actuación institucional, en particular: que la Secretaría de Salud informe si realizó de manera oportuna las diligencias correspondientes desde el ingreso hospitalario, si aplicó la NOM 046, a qué autoridades notificó y cuál es el protocolo que aplica en casos de embarazo en personas menores de edad y violencia sexual.

Que la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes esclarezcan cuándo fueron notificadas, qué acciones emprendieron y cuáles fueron las razones de cualquier omisión o retraso.

En tercer lugar, piden la garantía de medidas de protección integral para la menor de edad, incluyendo atención médica especializada, atención psicológica, acompañamiento social y jurídico, así como seguimiento efectivo del caso.

Asimismo, exigen que la menor de edad, así como el recién nacido que también se encuentra hospitalizado, sean reconocidos como víctimas y se apliquen medidas de reparación del daño por medio de una indemnización, atención médica garantizada en todo momento, medidas educativas, así como las medidas necesarias para garantizar una vida libre de violencia.

Demandan la aplicación efectiva de la NOM-046, garantizando el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de violencia sexual, sin exigir denuncia penal previa y sin imponer la maternidad forzada.

Así como el fortalecimiento de los mecanismos de detección, denuncia y actuación en los servicios de salud y procuración de justicia, incluyendo capacitación obligatoria en violencia sexual y derechos reproductivos para todo el personal médico en Chiapas, así como de los servidores públicos de las instancias que intervienen en la atención de niñas, niños y adolescentes.
Y, por último, el diseño e implementación de políticas públicas sostenidas de prevención, que incluyan educación sexual integral, de las uniones forzadas y acceso real a servicios de salud sexual y reproductiva.

La protección de la infancia es una obligación ineludible del Estado. Garantizar que las niñas y adolescentes vivan libres de violencia requiere acciones inmediatas, coordinadas y con enfoque de derechos humanos.

En el pronunciamiento explican que la menor de edad fue ingresada en el Hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas donde intervención quirúrgica por cesárea debido a complicaciones médicas graves, previamente había sido atendida en el Hospital de La Mujer de San Cristóbal.

Denuncian que en ambos hospitales debieron aplicar los protocolos de atención a niñas y adolescentes por tratarse de un caso de posible violencia sexual y sostienen que el caso debió ser atendido de manera inmediata como un supuesto de violencia sexual, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 y al marco jurídico penal vigente en Chiapas.

El hospital tenía la obligación de activar de inmediato los protocolos establecidos en la NOM-046, brindar atención integral a la menor de edad como víctima de violencia sexual y dar aviso inmediato a la Fiscalía General del Estado de Chiapas y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Exponen la normatividad para estos casos, como el Código Penal del Estado de Chiapas, en su artículo 235, tipifica el delito de pederastia y establece que toda cópula con una persona menor de 14 años, aun sin violencia, constituye un delito grave sancionado con penas de hasta 30 años de prisión. En ningún supuesto existe consentimiento legal.

De acuerdo con la publicación, Chiapas se encuentra actualmente entre las entidades con mayores tasas de embarazo infantil y adolescente a nivel nacional, lo que convierte este tema en una prioridad urgente de atención pública.

De acuerdo con datos del INEGI (2024), a nivel nacional se registraron 89 mil 527 nacimientos de madres entre 10 y 17 años, lo que representa una tasa de 10.1 nacimientos por cada mil mujeres en ese grupo de edad.

Chiapas ocupó el primer lugar nacional, con una tasa de 19.4, seguido por Oaxaca y Michoacán. Es decir, Chiapas tiene una tasa del doble de la media nacional. Estas cifras reflejan violencia sexual estructural, desigualdad profunda y una respuesta institucional insuficiente. ( SEMlac).