Es viable levantar alerta de género, pero urgen mecanismos para garantizar ILE e IVE

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Es viable que se levante la alerta de violencia de género por agravio comparado decretada en Veracruz en 2017; sin embargo, es necesario implementar mecanismos institucionales que garanticen el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo.

Así lo señaló Aracely González Saavedra, quien respaldó la medida y consideró que debe darse seguimiento al marco legal vigente.

“Nosotros consideramos que ya se debería levantar esa alerta y definir una política de seguimiento al marco legal vigente”, expresó.

Indicó que es necesario crear un sistema de monitoreo sobre la implementación de la reforma al Código Penal, así como del programa de aborto seguro.

“Se sigue sin garantizar el acceso a la interrupción de embarazo a niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual; de 71 niñas que acuden solo a una le garantizan la IVE. Es un rezago muy alarmante”, señaló.

Agregó que la Secretaría de Salud debe fortalecer las medidas de atención y mejorar la coordinación con la Fiscalía General del Estado.

“Tendría que ser una coordinación donde la titular de la SSA y la Fiscal puedan establecer compromisos y medidas”, dijo.

Comentó que, aunque la titular de la FGE, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ha mostrado interés en atender los casos de embarazo infantil, es necesario que el sector salud notifique de manera oportuna los casos que llegan a hospitales y clínicas.

Señaló que, en ocasiones, existe falta de coordinación entre dependencias, lo que retrasa la atención.

De acuerdo con la declaratoria emitida en noviembre de 2017, la alerta por agravio comparado se estableció ante la falta de garantías para el acceso al aborto en servicios de salud, lo que derivó en la implementación de 13 acciones dirigidas a los poderes públicos del estado.

Entre estas medidas se contempló informar a la población sobre la Alerta de Violencia de Género, modificar el Código Penal para permitir el aborto hasta la semana 12, crear un programa de acceso a la interrupción legal del embarazo y garantizar servicios en todo el estado.

Asimismo, se estableció asegurar personal médico no objetor de conciencia, proteger la privacidad de las mujeres y llevar un registro de los procedimientos realizados.