Denuncian cobros ilegales a pacientes en Hospital de Alta Especialidad de Veracruz

Juan David Castilla/Xalapa. Pacientes denunciaron una red de corrupción que afecta la estructura administrativa del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV), luego de que se hiciera pública la existencia de cobros ilegales en el nosocomio.

Una paciente, quien solicitó el anonimato por seguridad, señaló directamente a Arizay Limón García, secretaria de la dirección del hospital, como la encargada de exigir pagos en efectivo por consultas, estudios y cirugías que, por ley, deberían ser gratuitos o tramitados bajo esquemas institucionales.

El testimonio detalla que estas prácticas se realizan al margen de las cajas oficiales, aprovechándose de la vulnerabilidad de quienes acuden a esta institución pública en busca de atención médica esencial.

Entre los casos expuestos como evidencia de estas irregularidades, destaca el de Guadalupe Hernández Gil, quien presuntamente fue obligada a pagar la cantidad de 9,000 pesos por una cesárea, además de 1,500 pesos adicionales por estudios de laboratorio, montos que habrían sido solicitados y recaudados directamente por la secretaria de dirección.

La denuncia advierte que la funcionaria actúa con una supuesta impunidad, presumiendo ante el personal y los usuarios que «nadie puede tocarla», lo que ha generado una atmósfera de temor que impide a muchas víctimas denunciar formalmente el despojo económico del que son objeto.

Esta situación resulta alarmante debido a que el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz es una institución de referencia para la población más desprotegida del estado, la cual carece de seguridad social y de recursos para costear medicina privada.

La existencia de cobros paralelos no solo constituye un delito administrativo y penal, sino que vulnera el derecho humano a la salud y la economía de las familias veracruzanas.

Ante la gravedad de los señalamientos, la denunciante hizo un llamado enérgico a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para que ordene una auditoría inmediata y una investigación exhaustiva que permita desmantelar este esquema de extorsión institucional.