Aprieta SEA a municipios: exige información sobre servidores públicos sancionados

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Veracruz exhortó a los ayuntamientos y demás entes públicos municipales a cumplir de manera estricta con la obligación de registrar y mantener actualizada la información de personas servidoras públicas y particulares sancionados en el Sistema de la Plataforma Digital Estatal Anticorrupción.

Mediante un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el SEA llamó a los Órganos Internos de Control de los municipios a acudir a la Secretaría Ejecutiva del sistema para recibir orientación técnica, con el objetivo de asegurar el cumplimiento constitucional y legal en el registro de sanciones administrativas e inhabilitaciones que hayan causado estado.

El exhorto subraya la importancia de que la información que remitan los entes municipales sea oportuna, completa y estandarizada, conforme a las especificaciones técnicas establecidas por el Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de garantizar la interoperabilidad entre la Plataforma Digital Estatal y la Plataforma Digital Nacional.

Asimismo, se establece que la Secretaría Ejecutiva del SEA brindará asistencia técnica, capacitación y acompañamiento a los sujetos obligados que así lo soliciten, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones normativas y tecnológicas relacionadas con el Sistema 3, que concentra el padrón de personas sancionadas.

El acuerdo también recuerda a los municipios la obligación de consultar el Sistema 3 antes de realizar cualquier nombramiento, designación o contratación en el servicio público, con el propósito de verificar que las personas aspirantes no cuenten con inhabilitaciones vigentes que les impidan acceder a un cargo público.

Finalmente, el SEA advierte que los entes de control concentradores son los únicos responsables de la veracidad, integridad y suficiencia de la información incorporada a la plataforma, y que la omisión o el registro de datos falsos, incompletos o alterados puede derivar en responsabilidades administrativas, al contravenir los principios de legalidad y honradez que rigen el servicio público.